Ante las críticas que ha recibido el Gobierno por el aumento del 5,36%, el viceministro de Protección, Luis Alberto Martínez, recalcó que la decisión se dio por irregularidades en las cifras presentadas.

"La UPC se calcula con la información que reportan las EPS al Ministerio de Salud, desafortunadamente este año la información presenta serias inconsistencias, tiene un crecimiento abrupto, inusitado, en los valores y las frecuencias de uso, que no guarda consistencia con los datos históricos y el perfil epidemiológico del país", explicó Martínez.

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Además, expuso que las EPS no tienen el cierre financiero firmado por su revisor fiscal o el representante legal, y alertó de que “se pagaron precios a medicamentos que tienen control a precios y se pagaron por encima del precio que está establecido”. 

"La Comisión Asesora de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento recomendó al Ministerio de Salud que se estableciera una UPC cercana al IPC, pues se decidió incrementarla al 5,36%", agregó.

Martínez resaltó que en el plan de beneficios se incluyó la ruta de tratamiento para los pacientes que tienen alguna patología proveniente con el asbesto y la financiación relacionada con el tamizaje neonatal para atender de manera oportuna las patologías que se puedan presentar.